El pasado 30 de diciembre de 2020 el senado argentino aprobó la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación, la legalización del aborto en Argentina sin duda es una victoria histórica, ya que es un avance frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además de la necesidad del acceso a una IVE de forma legal y segura.

La lucha por la despenalización del aborto ha cobrado fuerza en varios países latinoamericanos en los últimos años, en el caso de Colombia, desde 2006 con la sentencia C-355 de la corte constitucional el aborto es un derecho limitado y en algunos casos penalizado, en el cual se busca empezar a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes, por eso, a través de esta sentencia se despenalizó el aborto solo en tres causales:

1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud física o mental

 

Es muy importante tener en cuenta que peligro a la salud mental incluye:

• Afectación al proyecto de vida.
• Ausencia de apoyo social, familiar o de pareja.
• Condiciones de pobreza.
• Embarazo temprano.
• Afectación del bienestar de las mujeres con base en aquello que cada mujer considere como “estar bien”.
• Estrés por condiciones sociales o materiales precarias o de marginalidad.
• Imposibilidad de continuar con la educación o el trabajo por el embarazo.

2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida

3. Cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.

 

En Colombia el aborto sigue siendo penalizado y en la actualidad hay 502 menores entre los 11 y 17 años criminalizadas por el delito de aborto

 

Aunque en la sentencia C-355 de 2006 reconoce por vía judicial la importancia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al establecer estas tres causales de IVE, en Colombia aún existen muchas trabas que no permiten que las mujeres accedan a una interrupción del embarazo segura y oportuna, poniendo en peligro inminente la vida de las personas gestantes. Primero, es importante aclarar que las causales son excepciones al delito del aborto o indicaciones para el aborto legal, esto quiere decir, que en Colombia el aborto sigue siendo penalizado, de hecho, según una investigación de El País de España, en la actualidad en Colombia hay 502 menores entre los 11 y 17 años criminalizadas por el delito de aborto, por lo tanto, 25,2% de las mujeres penalizadas por aborto en Colombia son menores de edad.

 

 

Además de la criminalización del aborto, aún se presentan muchas trabas que no permiten acceso oportuno y de forma segura a una IVE en Colombia, según mujeres atendidas por La mesa por la vida y la salud de las mujeres, aproximadamente un 28,4% de los casos son aplazados de forma innecesaria o sin fundamento médico, esto no solo pone en riesgo los derechos de las mujeres, sino que en muchos casos ponen en riesgo sus vidas e incluso las fuerzan a llevar a término un embarazo no deseado.

 

Solo el 8% de los médicos que ha tenido que atender un caso de aborto declaró la objeción de conciencia explícita, el resto de los médicos objetan razones no contempladas dentro del marco legal 

 

Se estima que hay tres grandes problemas que limitan el acceso a la IVE en Colombia, primero, desconocimiento del marco legal de la sentencia C-355 y las obligaciones legales del personal jurídico y de salud frente al aborto legal. Segundo, la interpretación restrictiva del marco legal, es decir, uso inconstitucional o manipulación de la objeción de conciencia por parte del personal de la salud, frente a esto el Grupo Médico por el derecho a decidir reportó en un estudio reciente que solo el 8% de los médicos que ha tenido que atender un caso de aborto declaró la objeción de conciencia explícita, mientras que el resto de los médicos objetan razones no contempladas dentro del marco legal. Tercero, fallas en el servicio de salud, que incluye violencia y malos tratos a las personas gestantes y dilatación injustificada de la prestación del servicio de salud. Esto representa fallas que limitan el acceso, ponen en riesgo la integridad física y mental de la persona gestante, haciendo que en la práctica el acceso a una IVE sea muy complicado e incluso imposible, promoviendo diversas violencias en contra de las mujeres.

 

 

 

Aunque en Colombia la sentencia C-355 de 2006 fue un gran paso hacia el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, aún hay muchas fallas y limitaciones para que el proceso de IVE se lleve a cabo de una forma eficaz, rápida y segura. La manipulación y dilatación para el acceso a una IVE es un acto de violencia, en donde se pone en riesgo la salud y la vida de cientos de mujeres, es hora de seguir los pasos de países como Argentina y se asuma el acceso al aborto legal, seguro y gratuito como materia de salud pública, sentando un precedente en contra de la muerte de miles de mujeres en la clandestinidad y garantizar “la defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar”.